jueves, 24 de marzo de 2011

La Audiencia Nacional anula el canon digital.


La Audiencia Nacional ha declarado hoy nula la orden ministerial de 2008 que regula el canon digital, tasa que se debe aplicar en diferente medida a soportes digitales y aparatos con los que se puedan realizar copias privadas de contenidos con derechos de autor. La decisión ha sido justificada con el argumento de que la orden ministerial era un reglamento y que para su aprobación se requerían memorias justificativas y económicas junto a un dictamen del Consejo de Estado que no se hicieron. Esta resolución además no tiene recurso posible.  


Pero cuidado, porque a pesar de esta noticia parece que los españoles no se van a librar por completo del canon digital, ya que SGAE ha anunciado en un comunicado hoy mismo que aunque la orden ministerial de 2008 ha sido anulada, queda pues vigente la orden de 2006, que regula otros dispositivos y con diferentes cuantías, ya que SGAE interpreta que la resolución de la audiencia nacional no cuestiona la legalidad del vigente sistema de copia privada.
El canon digital entró en vigor en España en el año 2006 con una reforma de la Ley de Propiedad Intelectual apoyada con amplio consenso de los grupos parlamentarios. Acreedores y deudores del canon debían ponerse de acuerdo en los dispositivos y cantidades, y como no lo hicieron en 2007 el gobierno proclamó en orden ministerial el primer listado de dispositivos y cantidades. Entre 2006 y 2007 el listado que se utilizó fue el usado entre 2003 y 2006 tras un pacto entre Asimelec y seis entidades de gestión, pacto surgido tras varias sentencias judiciales que respaldaban que el canon analógico fuera aplicado a dispositivos digitales, pacto previo a que el canon digital entrara dentro de la LPI. Es pues el listado que procede de aquel pacto el que SGAE proclama que es vigente tras la resolución de hoy de la Audiencia Nacional.
La polémica entre entidades de gestión de derechos, consumidores y fabricantes de dispositivos sigue pues abierta, una polémica en la que parece que hasta el momento ningún gobierno sabe lidiar adecuadamente y donde parece que es siempre el poder judicial es el único regulador que fija límites con cierto sentido, aunque siempre tarde y despacio, que es como funciona la justicia española. Teniendo en cuenta que además hay elecciones generales dentro de un año, dudamos que el actual gobierno haga absolutamente nada de trascendencia en este aspecto.


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